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¿Encubrimiento de asesinato en la Audiencia Nacional?

La querella de Boye contra la jueza María Tardón explicada con todo detalle.

Hace unos días saltaba el siguiente titular:

“Gonzalo Boye se querella por presunto encubrimiento y prevaricación contra la jueza que lo ha procesado”.

¿Cómo? ¿Encubrimiento de asesinato? ¿Una juez de la Audiencia Nacional? El titular es potente, pero hemos querido saber todos los detalles que se esconden detrás de esta noticia. Hemos leído las 141 páginas de la querella presentada por Boye, hemos leído transcripciones de interrogatorios y hemos escuchado audios de conversaciones telefónicas intervenidas. Después de hacerlo podemos decir que el titular es muy potente, pero la historia que hay detrás lo es aún más. Empezamos.

¿Encubrir un asesinato para combatir el independentismo?

Las tres personas contra las que se querella Boye son:

a) La jueza María Tardón, del Juzgado Central de Instrucción nº3,
b) El fiscal Ignacio Miguel de Lucas, de la Fiscalía Especial Antidroga
c) La Letrada de la Administración, Mª Ángeles Monedero, del Juzgado Central de Instrucción nº3.

En la acusación también participan 44 abogados de la Coordinadora de la Abogacía de Cataluña. En un comunicado dicen:

“Hoy sufre este ataque a la independencia y libertad en el ejercicio de la profesión es el compañero Gonzalo Boye, que ha sido imputado con una total falta de elementos probatorios, tal como viene sucediendo en Turquía donde más de 1.500 abogados defensores en procesos con trasfondo político han sido procesados “.

La hipótesis de los denunciantes es la siguiente: Gonzalo Boye es el abogado de los líderes independentistas. Perseguirlo a él y destruir su reputación es, entre otras cosas, una manera de golpear el independentismo. En este caso concreto la persecución llega al punto de que una juez, un fiscal y una letrada de la Administración están encubriendo un asesinato. Parece el guión de una película, pero ahora explicaremos qué está pasando, ahora mismo, en la Audiencia Nacional.

Un abogado desconocido pero muy activo

En 2015 Gonzalo Boye es un desconocido para una gran parte de la opinión pública catalana. Todavía faltan más de dos años para que este abogado con despacho en Madrid entre en contacto con los líderes soberanistas catalanes que escapaban de la represión por haber organizado el referéndum del 1-O.

Pero a pesar de ser un desconocido para el gran público, en 2015 ya habían pasado por su despacho casos de mucha relevancia, tanto en el ámbito español como internacional. En 2007 Boye participa como abogado de la acusación particular sobre los atentados del 11M en Madrid. En 2008 en representación del Centro Palestino por los Derechos Humanos, se querella contra el ministro de defensa de Israel por bombardeos contra Gaza y el 2010 vuelve a querellarse contra Israel por el ataque contra el barco de ayuda humanitaria de la conocida como la “Flota de la Libertad”. En 2009 Boye se querella contra los miembros del gobierno de Estados Unidos por el centro de detención de Guantánamo y el 2014 participa del equipo jurídico internacional que defiende Edward Snowden.

En el ámbito local, destacamos dos casos: una querella contra Luís Bárcenas por el Caso Gürtel y las tareas de defensa de José Ramón Prado Bugallo. Es este último caso el que abre la puerta a la historia que nos ocupa.

Comienza el baile: los Cinco de Barajas

A principios de 2015 Gonzalo Boye compagina el trabajo en su despacho con el de profesor del Master del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde también imparten clases otros profesores que también se harían enormemente conocidos en Cataluña un par de años más tarde como, por ejemplo, Manuel Marchena.

Entre los alumnos de aquel máster encontramos Isabel Prado Pouso, hija de José Ramón Prado Bugallo. Quizás este nombre no os dice nada, pero es probable que os suene este otro: Sito Miñanco, el contrabandista y narcotraficante gallego que protagonizó la serie Fariña.

En ese momento Sito Miñanco está a punto de salir en libertad tras haber cumplido una larga condena por narcotráfico y su hija contrata el despacho de Gonzalo Boye para gestionar los permisos y acelerar la salida en régimen de libertad condicional.

A partir de este punto Isabel Prado contacta con Boye en varias ocasiones. En la querella presentada por Boye se puede leer:

“Isabel Prado Pouso, al tener poca experiencia profesional, hizo partícipe al despacho de abogados de Gonzalo Boye de varios asuntos encargados a ella por otros clientes”.

Hasta aquí, se podría decir que todo entra dentro de la normalidad de un despacho de abogados de las dimensiones del despacho Boye-Elbal. Pero el 8 de febrero de 2017 ocurre algo que se podría identificar como el punto de inicio de esta historia. Ese día Isabel Prado se presenta en el despacho de Boye con un cliente suyo: Manuel Gonzalez Rubio.

La cuestión es que 48 horas antes, Manuel Gonzalez Rubio y otras cuatro personas fueron pilladas por las autoridades de Aduanas intentando salir de España yendo hacia Colombia con 889.000 euros sin declarar y se inicia el procedimiento administrativo habitual en estos casos : retener el dinero y poner el caso en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC).

El intento de Manuel González Rubio y de las otras cuatro personas (a las que bautizaremos como los Cinco de Barajas) de salir del país con un dinero sin declarar es claramente una “infracción monetaria”. Por ello, además de retener el dinero, el SEPBLAC abre un proceso administrativo y pide al infractor que explique el origen y el destino del dinero.

Pues bien: en aquella visita del 8 de febrero, Manuel González Rubio contrata al despacho de Gonzalo Boye para hacer los trámites para recuperar el dinero. El trabajo, en principio, es sencillo: Boye le pide a Manuel González Rubio que le dé toda la documentación que acredite el origen del dinero y el destino. Obviamente, Boye también le pide a Manuel González Rubio que se vaya preparando porque lo habitual en estos casos es que el SEPBLAC imponga una multa.

A los pocos días González Rubio lleva al despacho de Boye la documentación para acreditar que el dinero es suyo y que tienen origen en una actividad legal. Una documentación que el despacho de Boye presenta ante el SEPBLAC para que devuelvan el dinero a González Rubio. Hasta aquí, una de las muchas operaciones administrativas que hacen los despachos de abogados cada día. Pero es a partir de aquí que la cosa se complica. Y mucho.

CAUSA 19/2016: una investigación secreta

Acabamos de ver que el 8 de febrero de 2017 Manuel González Rubio contrata al despacho de Boye para hacer los trámites ante la SEPBLAC. Pero en ese momento está en marcha una investigación secreta de la que ni Boye ni González Rubio saben nada: la CAUSA 19/2016.

El 2 de marzo de 2016 -un año antes de que González Rubio visitara el despacho de Boye- el Juzgado Central de Instrucción nº13 de la Audiencia Nacional, había abierto una investigación secreta en la que se vigilaba Sito Miñanco y varias personas de su entorno. Entre ellas tres nombres importantes para entender nuestra historia:

> Manuel Gonzalez Rubio, (el cliente de Boye)
> Manuel Puentes Saavedra
>Santiago Quintero.

Esto pues, lo que tenemos es que el despacho de Gonzalo Boye está haciendo los trámites ante el SEPBLAC para recuperar el dinero de una persona -González Rubio- que hace cerca de un año que está siendo investigada en secreto.

Pero mientras se espera la resolución de la SEPBLAC sobre el dinero de González Rubio, ocurre algo que lo cambia todo: referéndum del 1-O, represión policial, prisión para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, aplicación del artículo 155 y disolución del Parlamento. Varios miembros del Gobierno se van al exilio. Gonzalo Boye no conoce a ninguno de ellos, pero pronto entraría en contacto con ellos.

Es a partir de este momento que Boye se hace enormemente conocido en Cataluña por sus defensas de los líderes soberanistas. Pero esto también lo hace conocido en Madrid.

Una mancha de aceite y un asesinato

Mientras Boye se iba implicando en la defensa de los líderes independentistas, la CAUSA 19/2016 sigue su curso y cada vez investiga a más gente, convirtiéndose en una mancha de aceite que ensucia todo el mundo que pasa cerca.

Por ejemplo: la CAUSA 19/2016 empieza investigando las actividades de Sito Miñanco y luego pasan a un personaje -del que hablaremos mucho más adelante- que se llama Manuel Puentes Saavedra. Resulta que Puentes Saavedra era pareja de una de las cuatro personas que acompañaban al cliente de Boye, González Rubio, en Barajas. Pues bien: como que la policía tenía el teléfono de Puentes Saavedra intervenido, se entera de la cuestión del dinero de Barajas. De acuerdo con este descubrimiento, la CAUSA 19/2016 incluye también a González Rubio. Y muy pronto también incluirá a Gonzalo Boye.

Como hemos explicado antes, la investigación 19/2016 se mueve bajo secreto impuesto por el Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Pero el 29 de enero de 2018 ocurre algo que hace que todo se precipite: uno de los investigados de la CAUSA 19/2016 -Santiago Quintero- es asesinado a tiros a pocos metros de su casa, en Colombia, donde había llegado desde España pocos días antes.

Este asesinato de uno de los investigados precipita la investigación y seis días más tarde, el 5 de febrero de 2018 se producen numerosas detenciones, entre ellas:

> Manel González Rubio, el cliente de Boye,
> > Las cuatro personas que acompañaban a González Rubio en Barajas cuando el SEPBLAC incautó del dinero.
> Manuel Puente Saavedra.

Los acusan de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

La UDEF pone a Boye en el punto de mira

Como el despacho de Gonzalo Boye llevaba los trámites ante la SEPBLAC por el tema del dinero de Barajas -unos trámites que aún seguían su curso- tres de los “cinco de Barajas” detenidos el 5 de febrero, designaron a Boye como abogado.

Cuando Boye se enteró que sus clientes habían sido detenidos y acusados ​​de blanqueo, pensó que se trataría de un error, ya que los trámites administrativos ante el SEPBLAC estaban en marcha y el SEPBLAC en ningún momento comunicó la existencia de ningún delito por parte de los “Cinco de Barajas”.

Así pues, Boye se persona ante el Juzgado de Instrucción Central para presentar la documentación que demuestra el origen y el destino del dinero propiedad de Manuel González Rubio, así como la documentación de los trámites ante la SEPBLAC.

Y ahora, atención: pocos días después de que Boye presentara la documentación de sus clientes, el 12 de febrero de 2018, el fiscal del Juzgado Central de Instrucción -Miguel Lucas Martín, solicita a la juez del caso que se investiguen los papeles presentados por Boye. De acuerdo con esta petición, la juez ordena abrir una “pieza separada” para investigar estos papeles. Así es como Boye pasa de ser el abogado de algunos de los acusados ​​a ser un posible sospechoso.

Por cierto: aún no lo habíamos dicho, pero la juez que lleva la CAUSA 19/2016 es Carmen Lamela, la juez que tres meses antes de abrir la “pieza separada” contra Boye, había decretado prisión para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. El Periódico de Catalunya describía Lamela así: “Carmen Lamela: Así es la Juez que ha encarcelado al Gobierno destituido y a los Jordis”. Y añadimos: la que inicia la investigación contra Gonzalo Boye.

Así, la investigación continúa su curso, ahora también contra Boye. Pero el 14 de marzo de 2018 ocurre algo crucial: la policía informa a la juez que tiene pruebas muy claras que incriminan directa y claramente Manuel Puentes Saavedra en el asesinato de Santiago Quintero. A pesar de la gravedad de la información, el juzgado no hace ninguna actuación contra Puentes Saavedra.

Contra quien sí se mueven las cosas es contra Gonzalo Boye. El 3 de julio de 2018 la UDEF entrega al juzgado de Lamela un informe que explica que Boye no es simplemente el abogado de los acusados ​​por blanqueo sino que él mismo forma parte de la trama y que se ocupa de falsificar la documentación para engañar al SEPBLAC, decir que ese dinero tienen origen legal y que es de González Rubio.

En este mismo informe la UDEF pide a autorización para registrar el despacho y el domicilio del abogado para encontrar las pruebas de su supuesta participación en la falsificación de los documentos perpetrada por Boye.

Detengámonos un momento en este punto: ¿es posible que la UDEF tenga algún interés especial de cargar contra Boye y ponerlo en el punto de mira de la investigación? ¿Es posible atribuir este movimiento de la UDEF a que Boye sea un reconocido defensor de los líderes independentistas? De momento es imposible saberlo. Lo único que podemos decir a ciencia cierta es que miembros muy destacados de la UDEF han estado directamente implicados en la Operación Cataluña contra dirigentes independentistas.

Puentes Saavedra: primera declaración ante Tardón

Pocas semanas después de que la UDEF presentara sus sospechas sobre Boye ocurre algo importante que pone Puentes Saavedra en el centro de esta historia.

[NOTA por si alguien se ha perdido: Puentes Saavedra: A) Es uno de los primeros investigados de la CAUSA 19/2016. A) Es pareja de una de las personas que acompañaba González Rubio-cliente de Boye- en Barajas cuando fueron interceptados. C) Es uno de los detenidos el 5 de febrero de 2018, junto con González Rubio y sus cuatro acompañantes. D) Es considerado por la policía el máximo sospechoso de haber ordenado el asesinato de Santiago Quintero en Colombia.]

Aclarado esto, seguimos. El 26 de septiembre de 2018, cuando hace siete meses que está en prisión, Puentes Saavedra pide declarar ante la jueza Carmen Lamela.

La declaración tendrá lugar el 30 de enero de 2019, pero no será ante Lamela porque la juez abandonó su cargo. Así, Puentes Saavedra declara ante la nueva juez de la CAUSA 19/2016: María Tardón, una de las tres personas que Boye acusa de encubrimiento de asesinato. De hecho es, justamente en esta declaración donde se empiezan a ver cosas muy extrañas entre el sospechoso de asesinato, Puentes Saavedra, y la jueza Tardón.

Durante la comparecencia de Puentes Saavedra ante Tardón, la juez le hizo 67 preguntas, de las cuales 9 tenían que ver con el asesinato de Santiago Quintero.

Lo primero que llama la atención si miramos la transcripción de este interrogatorio, es que a las 9 preguntas que Tardón hace sobre Santiago Quintero, la juez siempre habla de él en presente, como si Quintero estuviera vivo.

La segunda cosa que llama la atención es que en ningún momento del interrogatorio la jueza pregunta a Puentes Saaverdra sobre su presunta implicación en la muerte de Quintero Marín. Decimos que llama la atención porque esta es la primera vez que Puentes Saavedra declara desde que la policía lo señala como principal sospechoso del asesinato de Quintero Marín. La pregunta es obligada: ¿cómo puede ser que la juez tenga un informe de la policía que aporta pruebas que incriminan directamente la persona declarante, pero que la juez no le haga ninguna pregunta sobre el tema?

Sobre lo que sí pregunta Tardón es sobre el dinero de Barajas. Y más concretamente, sobre el despacho de Boye y sobre Sito Miñanco. Puentes Saavedra dice en esta primera declaración ante Tardón tres cosas relevantes:

a) Que él estuvo presente en una reunión en el despacho de Boye.
b) Que en aquel despacho vio Sito Miñanco.
c) Que el dinero pertenece a Gonzalez Rubio.

Sobre la primera afirmación, la querella de Boye contra Tardón incluye un informe pericial que muestra que la geolocalización de los teléfonos intervenidos no señalan que Miñanco hubiera ido en aquellas fechas al despacho de Boye.

Así termina esta primera declaración de Puentes Saavedra ante Tardón.

La hipótesis sobre Tardón y el encubrimiento de asesinato.

Volvamos a formular la hipótesis en la que se basa la acusación de encubrimiento contra Tardón. Ahora lo podemos hacer con más detalle porque tenemos mucha más información. La acusación que hacen Boye y demás querellantes es:

1) Que la juez Tardón tiene la intención de perjudicar a Gonzalo Boye por su condición de abogado de los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont.

2) Que para hacerlo, la juez Tardón necesita incriminar a Boye en un delito.

3) Que la manera de hacerlo es obtener pruebas de que Boye ayuda de forma activa a blanquear el dinero encontrado en Barajas.

4) Que por ello la juez Tardón necesita demostrar que Boye falsifica los documentos presentados al SEPBLAC que dicen que el dinero de Barajas es, efectivamente, de González Rubio.

5) Que Tardón necesita demostrar que, en realidad, el dinero no es de González Rubio sino que es de Sito Miñanco y que Gonzalo Boye está falsificando los documentos para ocultarlo.

6) Que como que la UDEF señala a Boye, pero no tiene ninguna prueba, Tardón necesita encontrar otros elementos para actuar contra Boye.

7) Que como que la juez Tardón no tiene pruebas, las fabrica. ¿Cómo? Haciendo que uno de los acusados ​​de la causa -Manuel Puentes Saavedra- testifique contra Boye.

8) Que para conseguir que Puentes Saavedra testifique contra Boye, la juez Tardón le ofrece impunidad por el asesinato del que le acusa el informe de la policía.

Esto como guión de una serie policial es creíble. Pero puede pasar esto en un juzgado de la Audiencia Nacional, a plena luz del día y en un caso absolutamente mediático? Para responder la pregunta, vamos a la última parte de la historia.

El misterioso caso de la Diligencia núm. 9

Según la hipótesis descrita, la declaración de Puentes Saavedra no ayuda a Tardón a cumplir su objetivo de incriminar a Boye. Y según esta misma hipótesis esto debería perjudicar a Puentes Saavedra.

Pues bien: exactamente nueve días después de la declaración de Puentes Saavedra, el fiscal del caso, Ignacio Miguel de Lucas, pide a la juez Tardón que ponga en marcha 10 diligencias.

[NOTA: Una “diligencia” es un documento que deja constancia por escrito de una resolución judicial hecha en el marco de una investigación.]

De entre las 10 diligencias destaca la Diligencia núm. 9, donde el fiscal pide a la juez que entregue a las autoridades colombianas la información que tiene el juzgado sobre las fuertes pruebas que incriminan Puentes Saavdera en el asesinato de Quintero.

O sea: la información sobre el asesinato está en el juzgado desde el 14 de marzo de 2018 y la primera vez que el juzgado valora la posibilidad de enviar esta información a las autoridades colombianas que investigan el asesinato es con esta diligencia hecha en febrero de 2019.

Y lo más grave: la Diligencia núm. 9 (que supondría que Puentes Saavedra tuviera que responder por el delito de asesinato) llega pocos días después de la declaración de Puentes Saavedra, una declaración que no ayuda a la juez Tardón a incriminar a Gonzalo Boye.

Efectivamente todo esto puede ser un cúmulo de casualidades. Puede ser casualidad que en el interrogatorio a Puentes Saavedra Tardón hable de Quintero en presente, como si estuviera vivo y sin hacer ninguna referencia a su asesinato, que no pregunte nada a Puentes Saavedra sobre este asesinato o que justo cuando Puentes Saavedra evita incriminar Boye, se ponga en marcha el proceso contra Puentes Saavedra que, hasta ese momento, había sido guardado en un cajón. Es difícil afirmar que todo esto confirme la hipótesis de la querella contra Tardón. Seguimos con la historia.

Puentes Saavedra: segunda declaración ante Tardón

El 7 de marzo de 2019 la juez Tardón da luz verde a las 10 diligencias que le había pedido el fiscal, entre ellas la Diligencia núm. 9.

Pero mientras se empiezan a hacer estos trámites, el 11 de julio de 2019 Puentes Saavedra pide volver a declarar ante Tardón “en la mayor brevedad”. Dice Puentes Saavedra que quiere “corregir su declaración anterior (…) en relación con el dinero de Barajas”.

En esta segunda declaración Puentes Saavedra sí incrimina a Gonzalo Boye y lo señala directamente como falsificador de documentos y parte activa en la trama de blanqueo de un dinero que, según Puentes Saavedra, es propiedad de Sito Miñanco.

Tres semanas más tarde de esta declaración, la juez Tardón decreta la libertad provisional de Puentes Saavedra.
Dos meses más tarde la policía entra en el despacho y en el domicilio de Gonzalo Boye.

El escándalo está servido

El registro del despacho y el domicilio de Boye se convierte en un espectáculo mediático. Aunque, en teoría el registro es secreto, antes de que entre la policía ya hay cámaras de televisión a las puertas del registro. Los titulares son contundentes y la idea es clara: el abogado de Puigdemont implicado en blanqueo de dinero de un narco.

Pero a pesar de los titulares impactantes y el registro retransmitido casi en directo, la policía no encuentra ninguna prueba que demuestre que Boye había falsificado contratos o documentación para permitir un blanqueo de capitales.

Lo que si ocurre es que, gracias al registro, la juez Tardón tiene acceso a los archivos informáticos personal y profesionales de Gonzalo Boye y de su despacho. Una información delicada que recoge las estrategias jurídicas de defensa de casos tan sonados como el de la actual presidenta del Parlamento Laura Borràs.

Hoy la causa contra Boye sigue abierta. Como no se han encontrado pruebas suficientes para acusar a Boye de blanqueo, la acusación a Boye ha cambiado. Si antes se le acusaba de “confeccionar los contratos” falsos, ahora la acusación es por haber dado las instrucciones”.

¿Y la Diligencia núm. 9?

Ante estos acontecimientos, y una vez que Gonzalo Boye ha tenido acceso a toda la investigación, las sospechas de Boye sobre la acción de Tardón se hicieron muy intensas y da lugar al nacimiento de la hipótesis de que Tardón había ofrecido beneficios a Puentes Saavedra a cambio de incriminarlo en esta trama.

Con esta sospecha en mente, y viendo que Tardón dejó en libertad a Puentes Saavedra justo después de haberlo incriminado, Boye decide informarse sobre el estado de la Diligencia núm. 9. ¿Se había informado al final a las autoridades colombianas de las pruebas que tiene el juzgado sobre la participación de Puentes Saavedra en el asesinato de Quintero en Colombia? Haciendo esta investigación Boye descubre algo muy importante:

De las 10 diligencias pedidas por el fiscal a la juez, 9 se han llevado a cabo. Solo hay una sobre la que no hay información: la Diligencia nº 9.

Ante esto, Boye se dirige a la secretaria de la Administración de Justicia del juzgado, Ángeles Monedero, para pedirle información sobre la Diligencia núm. 9. A pesar de que esta secretaría está obligada a facilitar esta información, Boye la ha pedido en tres ocasiones diferentes sin obtener ninguna respuesta.

Contexto y final

Ni el fiscal que pidió la Diligencia nº9, ni la juez que lleva la causa ni la secretaria del juzgado han dado ninguna explicación sobre estos hechos y, es en este punto, cuando llega la querella. Pero más allá de las 141 páginas donde se relata esta acusación, hay una serie de circunstancias que, más allá de cuestiones estrictamente jurídicas llaman mucho la atención.

La querella presentada por Boye dice:

“La Magistrada Doña María Tardón Olmos no es la primera vez que exhibe su ánimo de perjudicar al letrado D. Gonzalo Boye, con evidente abuso de autoridad, en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Efectivamente, no es la primera vez que los caminos de Tardón y Boye se cruzaban. El 4 de septiembre de 2018 una asociación llamada “24.2” presentaba una querella contra Boye por un delito de “falsedad documental” a raíz de una noticia publicada por el diario digital “El Español” donde se atribuía a Boye, entre otros, la supuesta falsificación de una traducción presentada ante la justicia belga en el marco de la defensa de los exiliados independentistas.

“Por razones que se desconocen”, explica Boye, esta querella llegó, casualmente, al juzgado que preside Tardón. La querella no pudo ser admitida porque el supuesto delito se cometió fuera de España e impedía procesar a Boye, lo que en su escrito de archivo, Tardón lamentó.

Y otra información de contexto: el archivo de esta querella contra Boye se hace el 14 de enero de 2019, el mismo día que Tardón acordó la fecha para la primera declaración de Puentes Saavedrea contra Boye.

Y aún otra información de contexto: la persona encargada de poner la querella de la asociación “24.2” contra Boye en el caso de la traducción belga es Cruz Sánchez de Lara. Esto es destacable por dos cuestiones:

1) Cruz Sánchez de Lara es, además de pareja de Pedro J. Ramírez, miembro del Consejo de Administración del medio digital El Español, fundado por el mismo Ramírez. En este diario, del que Sánchez de Lara es directiva, publicaba esta opinión de su director:

“…implica tener que enmudecer ante las bravatas triunfalistas de Puigdemont y sus abogados, en el sentido de que la Justicia belga iba a darles la razón, reduciendo a meros actos políticos que deben dirimirse por métodos políticos, lo que a nuestros ojos -como a los de tantas otras legislaciones democráticas- son gravísimos delitos, merecedores de fulminante sanción penal”.

Y añadía:

“¿Es que no se enteraron de que Puigdemont estaba preparando su huida a Bélgica, a través de abogados cuya pasada trayectoria debería mantenerles de por vida en el punto de mira de cualquier servicio de inteligencia?”

2) Cruz Sánchez de Lara publicaba en el mismo diario El Español las siguientes palabras de máximo afecto dedicadas a María Tardón con motivo de un nombramiento:

“Ahora pongo el corazón. Acudí como invitada de mi amiga, de mi querida amiga María Tardón. He recorrido la geografía española con ella (…) Siempre presumo de la importancia que, para mí, tiene la amistad. La amistad con mayúsculas. (…) Felicidades, María.

Para terminar, ahora sí, creemos que es información relevante el hecho de que María Tardón haya sido concejala de Madrid por el PP y llegó a ser tercera teniente de alcaldía. En su biografía también encontramos Tardón en la Caja Madrid de Miguel Blesa y las “tarjetas black”.

Ahora María Tardón, junto con el fiscal Ignacio Miguel de Lucas y la secretaria Ángeles Monedero se enfrentan a una querella por encubrimiento de asesinato. Veremos en que queda. El juicio se hará en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidido por Manuel Marchena.


ÚLTIMA HORA

En el mismo momento en que cerrábamos este reportaje hemos sabido que el Juzgado Central de Instrucción núm. 3, por error, ha hecho llegar a los querellantes un documento muy revelador: la explicación del fiscal Ignacio de Lucas de por qué aceptó la puesta en libertad de Manuel Puentes Saavedra: